Juicio con jurado por el crimen de La Chica Carlota.. Imagen archivo - Europa Press

Javier Collado

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Este jueves ha tenido lugar la Sección Segunda de la Audiencia de Córdoba por el crimen de la aldea de La Chica Carlota, donde el jurado ha acordado prorrogar la prisión provisional del acusado al que el tribunal popular ha declarado culpable del asesinato de Juan Carlos, un hombre de 45 años y con enfermedad mental.

Al respecto, según detalla el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una nota, «el esfuerzo, implicación y colaboración» tanto de los funcionarios de la Audiencia, letrada de la Administración de Justicia y magistrado presidente, como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha sido muy importante para que el juicio haya finalizado antes de que acabase el plazo establecido el fin de la prisión provisional del principal acusado, que cumplía este viernes.

El jurado considera por unanimidad culpable al acusado por dos delitos: de estafa y delito de robo con violencia. También considera al abogado acusado culpable de un delito de estafa con agravación de abuso de crédito profesional.

Asimismo, la Fiscalía y la acusación particular han pedido que se prorrogue la prisión provisional. Respecto a las penas el Ministerio Público pide 25 años de prisión por el delito de asesinato, cinco años por el delito de robo con violencia, tres años por uno de los delitos de estafa y dos años y seis meses por el otro, a su vez, pide tres años de cárcel para el abogado procesado por el delito de estafa.

La defensa del juzgado pide 15 años de prisión por el delito de asesinato, tres años y seis meses por el delito de robo con violencia y seis meses de cárcel por cada uno de los delitos de estafa. Por otro lado, la defensa del abogado procesado pide seis meses de cárcel por el delito de estafa.

EL ABOGADO ACEPTÓ EL ENCARGO «CON INTENCIÓN DE BENEFICIARSE»

En la Sección Segunda de la Audiencia de Córdoba dan por probado que Juan Carlos padecía de esquizofrenia paranoide además de tener reconocida su situación de incapacidad para desempeñar cualquier trabajo, recibiendo 1.500 euros mensuales, «tenía noción de las situaciones básicas de peligro físico y capacidad de autodefensa».

Por su parte, Juan Carlos, «por tener la idea de haber sido objeto de abusos sexuales durante su infancia» se puso en contacto por internet con el abogado acusado para que ejercitase las acciones penales correspondientes, de forma que, con intención de aprovecharse de la enfermedad mental aceptó el encargo profesional. Para continuar con el engaño contactó con la víctima con uno de sus clientes, al que había defendido por su implicación en delitos varios, para que ejerciese una labor de investigación de los hechos.

El jurado explica que «a pesar de su enfermedad mental, Juan Carlos tuvo la lucidez suficiente para sospechar de la conducta de su abogado».

«SE HIZO PASAR POR SACERDOTE»

El cliente del abogado, que hizo el trabajo de «investigador», «se hizo pasar por sacerdote del Arzobispado de Madrid, mantuvo contacto telefónico en reiteradas ocasiones y se presentó en el domicilio de Juan Carlos, donde permaneció varias horas entre los días 5 y 6 de julio de 2017, sosteniendo el engaño ideado con otra persona, a fin de hacerle creer que trabajaba para la víctima en la preparación de una determinada denuncia o querella, con el fin de que éste pagara honorarios por un trabajo inexistente».

En concreto, consiguió que el perjudicado transfiriese los 9.680 euros referidos al abogado, además de que la víctima hiciese actos de disposición patrimonial en su perjuicio, para obtener un beneficio ilícito

El cadáver fue hallado el 12 de agosto de 2018 en dicho domicilio, «maniatado y en estado de descomposición», según indica el jurado.

Al tiempo de cometerse lo ocurrido, el acusado había sido condenado por un delito de robo con violencia e intimidación a la pena de tres años y seis meses de cárcel por una sentencia del 1 de junio de 2015. No obstante, el jurado solicita que no se le concedan a ambos procesados los beneficios de suspensión de ejecución de la pena, ni el indulto.

 

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