nauguración del año judicial del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Córdoba.- Diócesis de Córdoba

Javier Collado

Bebrand

El Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Córdoba recibió el pasado año 48 causas de declaración de nulidad de matrimonio, frente a las 41 del año 2018, siendo la incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio, el defecto grave de discreción de juicio, la exclusión total o parcial del matrimonio, el error doloso, y el miedo grave, las principales causas por las que se pide la nulidad del matrimonio. De este modo, con el número alcanzado en declaraciones de nulidad se llega a su máximo histórico. De esta forma se confirma la tendencia al alza iniciada en el año 2016, con la entrada en vigor del ‘Motu Propio Mitis ludex Dominus lesus’, promulgado por el Papa Francisco, las medidas de carácter jurídico-pastoral llevadas a cabo por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, para su adecuada aplicación en el ámbito particular de la Diócesis cordobesa.

Por otro lado, en cuanto al número de causas resueltas por sentencia judicial, se sitúa en 30, cinco de las cuales fallaron a favor del vínculo y 25 en favor de la declaración de nulidad de matrimonio. En la actualidad, en el Tribunal diocesano se encuentran habilitados 57 abogados, que prestan representación y asistencia técnica a las partes privadas que intervienen en los procesos. Además, cuentan con 11 peritos psicólogos y psiquiatras, quienes, mediante la elaboración de las pericias, ayudan a los jueces en su discernimiento sobre la existencia o inexistencia del vínculo conyugal.

Por otra parte, respecto a la tramitación de las causas, conviene destacar que se ha conseguido cumplir con el plazo anual establecido en el canon 1473 CIC y en algunos casos incluso ha sido menor, acortando dicho plazo en siete meses. No obstante, «la medida se sitúa en torno al año», según ha informado el vicario judicial de la Diócesis de Córdoba, Antonio Morales, en la inauguración del año judicial, celebrada el pasado miércoles en el Palacio Episcopal. Por lo que respecta a la gratuidad del proceso, se ha concedido una exención total de las tasas judiciales, con el correspondiente patrocinio gratuito en nueve causas sentenciadas, mientras que en otras tres la exención ha sido parcial, con la reducción proporcional en los honorarios del abogado y los peritos. En relación con esta cuestión económica, es importante recordar que, según el reglamento interno del Tribunal Eclesiástico, cuando los ingresos mensuales no superan el SMI se concede la exención total de las costas del Tribunal y se le asigna un abogado, que llevará su causa gratuitamente. Si supera el SMI, pero concurren circunstancias económicas desfavorables, se les concederá una exención parcial de las costas, dependiendo de su situación concreta, concediéndoles una bonificación del 20, 50 y 70 por ciento y, en la misma proporción, los letrados deberán ajustar sus emolumentos.

 

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