Gas butano.- Archivo

Javier Collado

Bebrand

El fiscal delegado de Protección de Personas con Discapacidad y Consumidores en Andalucía, Fernando Santos Urbaneja, considera que «los poderes públicos, especialmente el poder ejecutivo y legislativo, deberían establecer un entramado protector para los consumidores y no dejar que sean los tribunales los que ‘reparen los abusos’».

En una entrevista con Europa Press, el fiscal reflexiona que «siempre se dice que los consumidores deben informarse», pero, a su juicio, «esta es una manifestación poco consistente si se repara en que hay muchos consumidores especialmente vulnerables; personas mayores con discapacidad, menores, etc y en diversas ocasiones la obtención de información  eficaz no resulta fácil». En este sentido, manifiesta que «resulta doloroso comprobar como después de haber sufrido un fenómeno tan nocivo como el de las participaciones preferentes, que ha llevado tanta frustración a muchas personas mayores, no se han tomado medidas, no se ha aprendido nada, todo sigue igual, no se ha hecho nada». Al respecto, apunta que el artículo 51 de la Constitución de 1978 dice: ‘Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos’. Por ello, cree que «deberá haber una coalición de poderes en este propósito, pero no está siendo así»

Para Santos Urbaneja, «es llamativo que los distintos programas electorales apenas contengan medidas en materia de protección de consumidores y que este tema no sea objeto de análisis en los debates de la nación, cuando afecta a todos los ciudadanos sin excepción y es objeto cotidiano de conversación y comentario»

Por otra parte, el fiscal informa sobre las familias afectadas por los cobros indebidos realizados por la empresa Gas Natural Andalucía, beneficiarias de la condenatoria a dicha entidad, de las que «cobraron la mayoría, en torno al 75% de los afectados». Si bien, puntualiza, que «al otro 25% no ha sido posible encontrarlo», a lo que añade que «hay que tener presente que el proceso ha durado 16 años, y los cobros indebidos se produjeron a partir del año 1998». No obstante, aclara que «el dinero se encuentra depositado en el juzgado y se sigue pagando a quienes lo están pidiendo», al tiempo que matiza que «en ningún caso el sobrante revertirá a la empres, sino, en su caso, al erario público».

En palabras de Santos Urbaneja, «el drama es que el proceso dure 16 años», algo que, a su juicio, «es debido a que la última parte del mismo, la ejecución de las acciones colectivas-masa no está totalmente regulada». Y es que, «la ley no dice cómo hay qué hacerlo», apostilla. Según detalla, «en el caso de Gas Natural la Audiencia Provincial de Córdoba fue señalando paso a paso el camino a través de la resolución de 18 recursos de apelación», algo que «supone un esfuerzo extenuante». Al hilo de ello, explica que «para evitarlo, en el año 2012, en iniciativa conjunta de la Sección de Defensa de los Consumidores de la Fiscalía de Córdoba con el Consejo Nacional de Consumo se hizo llegar a los distintos grupos parlamentarios una ‘Propuesta de Reforma Legal en Materia de Consumo’ que, salvo en la ampliación de la legitimación del fiscal para interponer acciones en defensa de los consumidores, ha quedado aparcada»

La Dirección General de Consumo de la Junta informó en julio de 2017 sobre la existencia de un depósito de 3,2 millones de euros en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Córdoba, destinados a hacer frente a las devoluciones pendientes de las familias afectadas. Así, el procedimiento fue iniciado en el año 2003 por la Fiscalía a instancias del Ayuntamiento de Córdoba y secundado por la Asociación de Consumidores de Jaén. Se trata de la primera acción de cesación colectiva en Europa, una causa pionera en la defensa de las personas consumidoras y usuarias, que finalizó con una sentencia que obligaba a la empresa a devolver más de diez millones de euros cerca de 100.000 familias afectadas en Andalucía.

De este modo, el grueso de las devoluciones se llevó a cabo directamente por Gas Natural Andalucía a las personas que seguían manteniendo el contrato con la empresa en el año 2015, cuando se devolvieron en torno a ocho millones de euros a unas 60.000 familias. Según indicaba la Junta, los casos en los que no se ha cobrado son por resultar más complejos localizar a las personas beneficiarias, por no seguir siento clientes de la compañía, haber cambiado de domicilio o haber fallecido, en cuyo caso corresponde a los herederos realizar la solicitud.

Por otra parte, el fiscal delegado de Consumidores de Andalucía comenta sobre los casos de falsos revisores de instalaciones de gas que han tenido «una respuesta judicial adecuada», debido a que desde la fiscalía se han reunido las «múltiples denuncias dispersas» y se han llevado juntas en un solo proceso. De esta forma, se ha podido acusar por la supuesta comisión de un delito de estafa continuado e «imponerse penas acorde a la gravedad de los hechos, pues de otro modo solo hubieran podido obtenerse algunas condenas menores por las entonces denominadas ‘falsas’, para escarnio de todos los ciudadanos».

Asimismo, Santos Urbaneja relata que el último proceso en el que intervienen es «una acción colectiva por cobro de gastos de hipoteca», en la que «la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ya se han pronunciado al respecto y servirá de guía en este proceso». En este caso, destaca que «la Sala Primera del Tribunal Supremo ha sido la que con sus sentencias ha liderado la protección de los consumidores; también, en alguna medida, los jueces que han presentado cuestiones de inconstitucionalidad y perjudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea». «Desde allí siempre han llegado las buenas noticias para los consumidores españoles», elogia.

Como ejemplo, resalta que «más recientemente la Sala Tercera de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo se ha sumado a la labor de la Sala primera», que como por la sentencia por la que «se anula la venta de casi 3.000 viviendas públicas realizada por la Comunidad de Madrid a un ‘fondo buitre’», cita el fiscal.