Javier Collado

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CBN. A la luz del nuevo cambio de nomenclatura tras el acatamiento del nuevo equipo de gobierno de la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Córdoba que anuló la redenominación, en base a las previsiones de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, de la “Plaza de Cañero”, esta organización considera que el fallo ha supuesto una evidencia más del desamparo jurídico que padecen las víctimas de la represión franquista, desoyendo sus demandas y las de los diferentes colectivos memorialistas y poniendo en entredicho una Ley de Memoria Democrática que, en consecuencia, no ha sido interpretada como un fundamento jurídico sólido que sirva para garantizar los derechos de verdad, justicia, reparación y dignificación a pesar de lo referenciado en los apartados 1 y 2 de su artículo 32, que atañen directamente a la cuestión del callejero.

Adelante Andalucía considera que es una mala noticia para Córdoba que se haya retirado el rótulo de “Plaza de los Derechos Humanos” para devolverle al citado enclave el nombre de un represor.

Asimismo, esta organización no puede dejar de expresar su decepción ante la desestimación, como elemento probatorio de la vinculación Antonio Cañero con el golpe de Estado, del trabajo historiográfico de los profesores Francisco Acosta y Antonio Barragán, este último Catedrático de Historia Contemporánea de la UCO, ambos miembros de la Comisión Municipal de Memoria Histórica y presentes en la vista en calidad de peritos, haciendo inservibles tanto el informe emitido por la propia Comisión como la hoja de servicio del capitán Cañero, documento oficial publicado por el Ministerio de Ejército a petición del propio Cañero y que refleja de forma clara y manifiesta su participación en los primeros días de la Guerra Civil en tareas de corte represivo político-militar en diversos pueblos de la provincia de Córdoba.

En consecuencia, consideramos que la desestimación de ese vínculo con la dictadura constituye una negación del derecho a la verdad de todos los ciudadanos y que es, precisamente su relación con el franquismo, lo que hace incompatible la exaltación de su figura en el callejero tal y como recoge la Ley.

PLAN ANUAL DE MEMORIA DEMOCRÁTICA 2019

En lo referente a la reunión del Consejo de Memoria celebrada el pasado 26 de julio y a la aprobación del Plan Anual de Memoria Democrática para 2019, esta organización no puede dejar de denunciar el conformismo continuista de la actual administración en esta materia.

El viceconsejero de Cultura y Patrimonio Histórico, Alejandro Romero, anunció en la última reunión del Consejo de Memoria que “se han iniciado los trámites para la contratación de los servicios de indagación, localización, exhumación y estudio antropológico de los restos de la fosa de Montilla”, una de las intervenciones que llevan años en espera, junto a otras como Posadas, Carcabuey, Peñaroya-Pueblo Nuevo, Rute, Villanueva de Córdoba, Baena, Fuente Obejuna, Espejo-Montoro, Hinojosa del Duque, Monturque, Cabra, Puente Genil, La Victoria, San Sebastián de los Ballesteros o Guadalcázar, de nuevo ignoradas por la Administración, como viene siendo costumbre.

Por otra parte, Adelante Andalucía considera totalmente insuficientes y desfasados en el tiempo los trabajos previstos en materia de identificación genética: Castro del Río (2017), Monturque (2017) y Córdoba (2019), algunos con más de dos años de retraso, olvidando otros como Lucena, y condenando a los familiares a una espera que, desgraciadamente, en muchos casos ha supuesto que fallezcan sin recuperar a sus seres queridos.

Adelante Andalucía no puede dejar de expresar su asombro ante el anuncio de la propia Consejería en el que se especifica que la fosa del cementerio de La Salud de Córdoba, cuya primera fase de intervención en el cuadro de San Ramón ocupó trabajos entre los meses de enero y marzo, “está pendiente de exhumación” y que sólo se conservan muestras de ADN de familiares, lo que, de ser así, impediría comenzar a trabajar en las identificaciones porque, por la propia lógica de su declaración, no habría muestras óseas con las que cruzar el ADN de los familiares. En suma, la Junta sigue incumpliendo su propio texto legal, que recoge la necesidad de elaborar un banco de ADN en Andalucía.

Por todos los cordobeses es sabido, dado que los trabajos del cementerio de La Salud han tenido un seguimiento periodístico que cualquiera puede consultar en la hemeroteca, que en la citada intervención se exhumaron los restos óseos de 76 personas, de las cuales 21 estaban vinculadas a los asesinatos del franquismo, por lo que Adelante Andalucía anuncia que exigirá explicaciones y que solicitará los documentos necesarios para clarificar, porque las víctimas y la ciudadanía en general tiene derecho a saberlo, qué se hizo exactamente en el cementerio de La Salud y cuál es el estado actual de las fosas de Córdoba, exigiendo, al mismo tiempo, el desarrollo normativo de la Ley de Memoria Democrática para que se implemente tanto un nuevo protocolo de exhumaciones como presencia judicial que documente los asesinatos de los represaliados por el franquismo.