Javier Collado

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Redacción.- Adelante Andalucía planteará una interpelación sobre Salud Pública y Ordenación Farmacéutica al consejero Jesús Aguirre

Reproducimos la nota de prensa emitida a tal efecto:

(…) Adelante Andalucía planteará, ante la deriva a la que la senda política en la que concurre el actual gobierno de la Junta ha sometido a la Sanidad Pública andaluza, una interpelación sobre Salud Pública y Ordenación Farmacéutica al consejero Jesús Aguirre para denunciar y exigir explicaciones sobre el favoritismo del que tanto grandes multinacionales como particulares vienen beneficiándose desde inicios de la presente legislatura.

Cinco meses se han consumido desde que, a finales de enero, Jesús Ramón Aguirre Muñoz tomara posesión como Consejero de Salud y Familias del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía. Apenas 155 días han bastado para que el nuevo responsable del Sistema de Salud Público de Andalucía hiciera saltar las alarmas ante la designación de determinados altos cargos que, inevitablemente, hizo planear la sombra de la duda y el desconcierto colectivo conforme a los conflictos de intereses en los que podrían estar incurriendo las partes implicadas.Pero, lejos de detenerse, el polémico periplo de Aguirre al frente de la Consejería de Salud ha encontrado su continuidad, a lo largo de estas casi 23 semanas, en la reprobable cascada de intervenciones públicas con las que el dirigente popular ha conseguido instalar la preocupación en el seno de esta formación tras salpicar, y hacer tambalear, cuestiones tan básicas y de latente actualidad como el carácter público y gratuito de la sanidad andaluza o la calidad del empleo y de la atención que ofrecen los trabajadores sanitarios, sin olvidar sus últimas declaraciones, cuanto menos cuestionables, en relación a la interrupción voluntaria del embarazo.

Pese a que la locuacidad de Jesús Aguirre ya llevó al desconcierto a la opinión pública en el año 2012 cuando, durante unas jornadas sobre sanidad, el exsenador popular tildó de utópico hablar de solidaridad, universalidad o gratuidad dentro de la esfera sanitaria porque entonces tocaba “apretarse el cinturón”, desde su toma de posesión el listón no ha decaído gracias al anuncio y la implantación de políticas que acercan al Sistema de Salud Público andaluz a una involución que corre en perjuicio de la ciudadanía.

En consecuencia, esta formación se ve en la obligación de condenar y denunciar actuaciones como las acontecidas durante el pasado mes de febrero cuando el Consejo de Gobierno aprobó, entre otros, el nombramiento de Diego Vargas Ortega como Director General de Asistencia Sanitaria y Resultados del SAS. Aunque en la web de la Consejería de Salud quedó expuesta al ojo público la trayectoria de Vargas Ortega, la actual dirección no tuvo a bien reflejar el puesto como director médico en España en el que, hasta el 5 de febrero, el médico granadino vino trabajando para el laboratorio farmacéutico chino Techdow, compañía que arrancó su implantación en nuestro país con el lanzamiento de Inhixa, un biosimilar de enoxaparina sódica. Estos hechos, insulsos a primera vista, dejarían de serlo tras la firma de los contratos de gestión en los que hospitales y centros sanitarios andaluces suscribieron el aumento del porcentaje de medicamentos biológicos prescritos que son biosimilares, entre ellos la propia Inhixa.

Pero las puertas correderas no terminan aquí para Aguirre. “El señor consejero ha aumentado un 28% la partida presupuestaria para los conciertos dedicados al diagnóstico en la sanidad pública. Además, ha utilizado la misma receta privatizadora para eliminar las listas de espera, destinando un 60% de la financiación a empresas privadas como Clínicas Pascual o Quirón cuando su mismo gobierno ha reconocido que nos cuesta el doble a todos los andaluces derivar a un paciente a estas clínicas privadas que atenderlo en la sanidad pública”, ha explicado la parlamentaria Ana Naranjo. Apenas dos semanas después de hacer públicas las citadas cuentas, José Manuel Rumbao Aguirre, sobrino del consejero, pasaría a ocupar a finales del mes de marzo el puesto de coordinador de la Subdirección de Gestión Sanitaria del SAS, cargo de libre designación dependiente de la Consejería de Salud y Familias, un nombramiento que fue calificado de “coincidencia”.

Medio mes más tarde el señor Aguirre volvió a las primeras planas para explicar públicamente en una entrevista su llegada a la consejería. “… Fue fácil: lo teníamos todo preparado y sabíamos qué teníamos que hacer y cómo. En tres días ya teníamos montado todo el staff  de la consejería, todo amigos míos, personas muy cualificadas y conocedoras de nuestro sistema sanitario”. En la citada entrevista, y con la eliminación de los medicamentos genéricos dentro de la cartilla sanitaria como hecho consumado, el consejero justificó también un copago farmacéutico que ha supuesto, una vez más, el encarecimiento de la sanidad pública y el aumento del beneficio de las compañías farmacéuticas. “Los copagos no son un problema. […] En todas partes hay copagos y en España son mucho menores que en otros países europeos”.

Finalmente, Adelante Andalucía lamenta y condena de nuevo, esta vez en palabras de Luzmarina Dorado, los mensajes lanzados por el consejero en relación a la interrupción del embarazo. “No sólo son desacertadas sus declaraciones haciendo un símil entre la interrupción del embarazo y un chupetón, sino que las palabras que acompañan a continuación a esos testimonios son paternalistas e infantilizan una vez más a las mujeres, como si aquellas que decidieran no llegar a término con el embarazo lo hicieran por desconocimiento, por no haber meditado adecuadamente la situación o simplemente por frivolidad. Desde Adelante Andalucía no vamos a permitir que se atente de forma verbal o de facto contra la integridad y dignidad de las mujeres, una reivindicación que afortunadamente el movimiento feminista no va a dejar caer en saco roto, porque hablamos de un derecho femenino tan fundamental que hasta la ONU ha tenido que reconocerlo como parte de los derechos humanos.”.

Sobre la oferta de Jesús Aguirre a Amancio Ortega, condenado por el Tribunal Constitucional a pagar 33 millones a Hacienda, para situar a Córdoba como zona de inversión preferente, Adelante Andalucía considera que es un sistema fiscal progresivo lo que garantiza los derechos de los andaluces y no la limosna de grandes afamados, porque además de pagar hospitales privados con dinero público los ciudadanos verán camas vacías en verano, asistirán al cierre por las tardes y durante todo el periodo estival del 100% de los centros de salud del Distrito Guadalquivir y del Área Sanitaria Norte y Sur de la provincia de Córdoba, al cierre los sábados del 60% de los centros de salud de la capital y verán cómo el personal sanitario tendrá que asumir su propio trabajo y el de los compañeros ausentes por vacaciones porque no pueden ser reemplazados para garantizar unas condiciones dignas de trabajo. (…)