Javier Collado

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Redacción.- Con los repiques de los tambores de la Semana Santa 2019 ya en el recuerdo, habiendo pasado La Cata, Las Cruces y hasta estando hasta próxima la Feria, la junta directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara sigue estando a la espera de que la Junta de Andalucía le facilite la oportuna documentación para pronunciarse sobre el proyecto de la carrera oficial de la Semana Santa, «sobre la que tiene aún serias dudas respecto al proyecto ejecutado, y respecto a la cual se pidieron los pertinentes datos del dictamen de la Comisión de Patrimonio mediante la preceptiva solicitud el 29 marzo, aunque semanas antes incluso se reclamó de manera oficiosa».

Se trata de un retraso ante el que la junta directiva de Al-Zahara, que preside Antonio Toledano, “eleva su más enérgica protesta” por recibir “una callada por respuesta, vulnerando el espíritu de nuestras leyes de acceso a la información pública y de transparencia”, reza en un escrito confeccionado por la directiva. El agravio es mucho mayor si se tiene en cuenta que el año pasado ocurrió una situación similar, respondiéndose a la federación Al-Zahara no solo antes del evento, como mandaría el sentido común, sino considerablemente después de celebrarse la Semana Santa, obligándola a enfrentarse a otra situación de hechos consumados.

Aunque ciertamente el plazo para responder puede no haberse cumplido, “no parece razonable que una información tan vital como la que se está solicitando sea trasladada tan a posteriori de la ejecución de la actividad, pues en ese caso parecería inútil el espíritu en que están basadas las Leyes de Transparencia”, mientras que “la escasa información que esta Federación ha tenido acerca de la instalación de elementos móviles en la carrera oficial 2019 y de diferentes informes” han procedido “del Ayuntamiento de Córdoba, tras la reiteradas peticiones que esta federación ha realizado”.

La directiva aclara aún más su postura afirmando que “siente una total extrañeza” porque el dossier “de la Comisión de Patrimonio, junto a toda la planimetría e informes preceptivos (seguridad, accesibilidad, movilidad, etcétera), no se haya trasladado aún a las entidades que en defensa de sus derechos lo han solicitado”, y todo esto “no con un ánimo fiscalizador, sino porque creemos firmemente que es un deber incuestionable que la Administración en un tema tan importante como la defensa de nuestro patrimonio el mostrarse transparente en sus decisiones”.

En su escrito, la directiva de Al-Zahara recuerda la notable legislación existente al respecto para sustentar su demanda, como la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común o la Ley 1/2017 de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía, que amparan “a los ciudadanos en su derecho a conocer todos los extremos de la actuación de la Administración Pública”.