Emilio Aumente y Antonio Rojas.

Javier Collado

Dobuss

Elena Páez. Emilio Aumente, concejal delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, ha criticado este miércoles que el PP y Cs votaron ayer en la Diputación en contra de los intereses municipales, al oponerse a la adenda al convenio firmado entre la Diputación y el Ayuntamiento, para impedir que se pierdan los 1,5 millones comprometidos por la institución provincial con las obras del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero.

Aumente ha explicado que la adenda -a la que se opusieron PP y Ciudadanos- amplía hasta el 30 de junio de 2020 el plazo concedido para acometer una inversión que, originariamente, se había contemplado para la primavera de 2016, pero que debido a los incumplimientos de la empresa adjudicataria y su posterior concurso de acreedores, ha sido imposible de adjudicar hasta la fecha.

“A la deslealtad del PP y Ciudadanos para con los intereses de la ciudad hay que sumar la irresponsabilidad del PP, bajo cuyo Gobierno se aceptó el regalo envenenado del Parque Joyero, así como la adjudicación de su obra a una empresa fallida”, ha añadido Aumente antes de recordar que “solo por responsabilidad institucional, este Gobierno aceptó continuar con las obras, a pesar de estar convencido de las dificultades que se iban a plantear”.

Respecto a la adenda, el delegado de Presidencia ha indicado que, como novedad ésta encomienda los trabajos a la sociedad Tragsa, lo que viene a representar “un recurso extraordinario para garantizar la finalización de la obra, comprometida hasta ahora, como otras de la importancia de la Normal de Magisterio, por la mala praxis de las empresas adjudicatarias, algo que ha ratificado el propio Consejo Consultivo”.

Emilio Aumente ha recordado a PP y Ciudadanos que “no es lo mismo rescatar una obra que hacerla de nuevo”. Además, ha querido dejar claro al PP que el hecho de que sea la sociedad pública Tragsa la que asuma el fin de la obra, no implica “salvarle la cara al Ayuntamiento” sino salvársela al PP que la adjudicó a una empresa incapaz de cumplir sus compromisos”.

Respecto a las declaraciones del portavoz de Ciudadanos, José Luis Vilches, Aumente asegura que Tragsa no se convierte así en competencia del sector privado, ya que, si las empresas a las que se adjudican las obras públicas en función de sus ofertas, cumplieran con sus compromisos, no estaríamos en esta situación. Lo que no se puede consentir, es el chantaje permanente al que las administraciones están siendo sometidas por muchas de las empresas adjudicatarias de obras públicas”.

“Lamentablemente una empresa pública tendrá que ser de nuevo quien solucione un problema que el sector privado no ha sido capaz de resolver”, ha concluido.