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Elena Páez. CSIF Córdoba pide al Comité de Seguridad y Salud de la Administración de Justicia que incluya en el orden del día de su reunión prevista para el próximo 11 de abril la realización de una evaluación de riesgos psicosociales de los funcionarios que trabajan en el Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba (al igual que se va a hacer con los juzgados de Familia), un órgano que comparte la jurisdicción de Menores con los asuntos de violencia de género. El sindicato justifica esta solicitud en la importante sobrecarga laboral que padece la plantilla.

El responsable del Sector de Justicia de CSIF Córdoba, Diego Díaz, reclama a la Consejería de Turismo, Renovación, Justicia y Administración Local que se refuerce el personal del Juzgado de lo Penal número 6 y que se nombren las bajas por incapacidad temporal de forma inmediata para evitar las situaciones de colapso que se están produciendo por el gran número de asuntos que tratan.

CSIF, sindicato mayoritario en el ámbito de la Justicia en  Córdoba y en Andalucía, recuerda que este órgano fue reconvertido del extinguido Juzgado de Menores número 2, a propuesta del Ministerio de Justicia, al actual Juzgado de lo Penal número 6 con competencias en materia de violencia de género. El sindicato presentó en febrero de 2018 un primer escrito ante la Delegación Provincial de Justicia solicitando con carácter urgente la necesidad de dotar a dicho órgano de refuerzos de personal, sin que esa petición haya sido atendida hasta el día de hoy.

El máximo representante del Sector de Justicia de CSIF Córdoba subraya que, “aparte de la especial dificultad y urgencia de los procedimientos que se tramitan en dicha jurisdicción, se añade el repunte de la actividad en materia de violencia de género que se ha producido en los últimos años, lo que supone un incremento de la carga de trabajo que supera los módulos establecidos, con el agravante de que estos asuntos tienen que atenderse con menos efectivos que cualquier otro juzgado de lo Penal con competencias en esta área como consecuencia de que este órgano sigue tramitando asuntos de jurisdicción de menores”.

El Sector de Justicia de CSIF Córdoba apunta que a estas deficiencias se suman los problemas derivados de los medios materiales como es el caso de la incompatibilidad de los programas informáticos, lo que provoca que parte de los funcionarios se encuentren en la planta baja (antigua ubicación del Juzgado de Menores número 2) y el resto esté en la planta tercera de la Ciudad de la Justicia, donde está el Juzgado de lo Penal número 6, en función de los asuntos que estén tratando.

CSIF señala que la Dirección General de Justicia aprobó a finales del año pasado un plan de actuación que duró tres meses y que fue efectivo en cuanto que sirvió para aliviar en parte la sobrecarga de trabajo de los funcionarios, aunque “era insuficiente al no atajar los problemas estructurales”. Por todo ello, este sindicato solicita el establecimiento con carácter urgente de un plan de tardes voluntario con participación de todo el personal del citado órgano judicial hasta tanto quede mitigado el déficit de plantilla existente.

En este sentido, Díaz recalca que esta central sindical baraja la posibilidad de convocar movilizaciones y campañas de sensibilización entre la ciudadanía, así como la puesta en conocimiento de toda esta situación del Defensor del Pueblo como consecuencia de su gravedad.