Javier Collado

Dobuss

Cáritas Española ha presentado ocho medidas «prioritarias» a todos los grupos políticos para las elecciones generales del próximo 28 de abril, entre las que destacan medidas como un sistema de ingresos mínimos, el derecho a una vivienda digna, o garantizar la protección y el tránsito a la vida adulta de los menores extranjeros no acompañados (MENA).

Las medidas propuestas, según indican desde la labor social de la Iglesia, buscan «proteger la dignidad de cada persona y los derechos que le son inherentes», así como promover «la fraternidad y el bien común» que sirvan para construir «una sociedad humana, justa y democrática».

Bajo el título ‘Para una sociedad más justa. Propuestas políticas ante las elecciones legislativas de 2019’, el documento desarrolla un total de ocho medidas concretas. Se trata de unas ideas «tan urgentes como factibles y constructivas, para que las distintas formaciones políticas puedan articular respuestas cercanas, eficaces y de calidad a las necesidades de los más vulnerables».

Entre las ocho propuestas, Cáritas pide una garantía de ingresos mínimos de ámbito estatal para los hogares en situación de pobreza y para que «toda persona en situación de pobreza tenga derecho a un ingreso mínimo como medida imprescindible frente a la pobreza».

Asimismo, propone la adopción de políticas públicas que «hagan efectivo el derecho humano a la vivienda para todas las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión social» así como una reforma legislativa «que proteja a los hogares vulnerables en caso de desalojo».

También reclama realizar los cambios legislativos necesarios para que las personas empleadas en este sector alcancen la plena equiparación de derechos y tengan garantizada una protección social completa, tal y como establece la Ley General de la Seguridad Social.

En el ámbito de la inmigración, Cáritas propone modificar la legislación de extranjería con respecto a los menores extranjeros no acompañados de acuerdo a lo establecido en el marco internacional de la Convención sobre los derechos de la Infancia y la Adolescencia. A su juicio, hay que garantizar «no sólo su protección sino su tránsito a la vida adulta».

Para Cáritas, también hay que garantizar los derechos humanos en los procedimientos de expulsión. Concretamente, pide la derogación de la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica de Extranjería, «con la que se pretende dar visos de legalidad a unos procedimientos de expulsión sumaria que se realizan sin ningún tipo de garantía».