Javier Collado

Dobuss

El pleno del Parlamento Europeo ha apoyado este miércoles la propuesta de la Comisión Europea que pide prohibir a partir de 2021 los plásticos de un solo un solo uso, como platos, cubiertos, bastoncillos de algodón y pajitas para beber, responsables del 70% de la basura marina.

Los eurodiputados han fijado sus ‘líneas rojas’ para las negociaciones para aprobar la nueva normativa que deben comenzar ahora con los Estados miembros una vez que éstos logran consensuar su posición. La resolución ha sido aprobada con 571 votos a favor, 53 en contra y 34 abstenciones. De cara a estas conversaciones, los eurodiputados han añadido a la lista de productos que deben desaparecer del mercado europeo los palitos para globos, productos de plástico oxo-degradable y contenedores de comida rápida de poliestireno expandido.

La posición de la Eurocámara también recoge que el consumo de determinados productos contaminantes que no tienen alternativa tendrá que reducirse en al menos un 25% para 2025. En este sentido, serán los países los que tendrán que diseñar planes nacionales para incentivar el uso de productos que puedan ser reutilizados.

En esta categoría están los envases de un solo uso para hamburguesas, sándwiches, frutas, verduras, postres y helados. Otros plásticos, como las botellas, deberán recogerse separadamente y su porcentaje de reciclaje tendrá que alcanzar el 90% en 2025.

El Parlamento Europeo ha abogado también por que las medidas de reducción de consumo se apliquen a productos del sector tabaquero, en particular a los filtros que contienen plástico, sobre los que piden una retirada del 50% para 2025 y del 80% para 2030. Los eurodiputados han reclamado en este contexto que los Estados miembros tendrán que asegurar que las compañías tabacaleras cubren los costes de recogida de los desechos, incluido el transporte y el tratamiento.

Más del 80% de la basura marina son plásticos y los productos cubiertos por la propuesta de directiva cubre el 70% de los desechos que llegan al mar, según datos de la Comisión Europea. El objetivo de Bruselas con las nuevas normas es evitar daños sobre el medio ambiente que supondrían unos costes de 230.000 millones de euros en 2030 y la emisión de 3,4 millones de toneladas equivalentes de CO2 ese mismo año.