Policía Local.

Javier Collado

Dobuss

CBN. CCOO reclama al Gobierno que agilice el compromiso de hacer efectiva la jubilación anticipada de los policías locales, una medida que en la provincia de Córdoba afectaría a un colectivo conformado por unos 1.450 agentes.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba apunta que la edad media de la plantilla de los agentes de las policías locales de la provincia de Córdoba se encuentra entre los 45 y 53 años. Además, el 40% de la plantilla ha sufrido patologías relacionadas con el estrés laboral, como ansiedad o depresiones.

El secretario General de dicha federación, Luis Mena, considera necesario que tanto la sociedad como la administración pública reconozcan que las funciones que realizan estos cuerpos policiales en su dilatada vida profesional son «una actividad penosa, tóxica o peligrosa que acusan elevados índices de morbilidad». Además, el sindicato estima que la jubilación anticipada permitiría elevar la calidad, eficacia y eficiencia del servicio, mejorar sus condiciones de salud e higiene, rejuvenecer las plantillas y aumentar la oferta de empleo público para dar nuevas oportunidades a los jóvenes.

El sindicato explica que la Secretaria General Técnica y Presupuestaria del Ministerio de Hacienda ya ha hablado de que para alcanzar el derecho básico, poder aplicar coeficientes reductores y acogerse a la jubilación anticipada de la Policía Local, se deberían cotizar 30 años como mínimo. Esta valoración se sustenta en comparar las clases mutualistas de otros colectivos de la seguridad pública, concretamente el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, con el colectivo de Policía Local, los cuales se rigen por distintos sistemas de cotizaciones, cuestión que CCOO espera que se tenga en cuenta en los informes que Ministerio debe aportar al Consejo de Estado, previsiblemente, en los primeros días del mes de septiembre.

«Lo cierto es que la Ley de Presupuestos para 2018 recomienda a los ayuntamientos que inicien la planificación de la seguridad pública local teniendo en cuenta la puesta en marcha del anticipo de la edad de jubilación de forma que los entes locales podrán disponer durante 2018, exclusivamente para este colectivo, de una tasa adicional de reposición determinada por el número de bajas que se prevean en este ejercicio y en el de 2019 como consecuencia de dicho adelanto de la edad de jubilación, tasa adicional que se descontará de la que pudiera corresponder en los ejercicios 2019 y 2020».

Tomando como ejemplo el Ayuntamiento de Córdoba, continúa la nota, cuya plantilla ronda los 380 agentes, con la aplicación de la jubilación anticipada a los 60 años se vería reducida en unos 50 efectivos en un año. Teniendo en cuenta que muchos de estos policías locales ya están en segunda actividad, los agentes que realmente podrían atender los turnos son algo más de 200, una dotación de personal claramente insuficiente para atender una demanda creciente. De hecho, recuerda el sindicato, la ratio de policías locales en Córdoba queda en aproximadamente un agente por 1.000 habitantes, cuando la UE considera que debe haber al menos 1,6 policías por cada 1.000 habitantes, lo que significa que en Córdoba hay un déficit de unos 120 agentes.

Mena insiste en que “la ciudadanía cordobesa merece un servicio público, mediante el ejercicio eficaz y eficiente de las funciones policiales y esto sólo es posible mediante funcionarios y funcionarias en perfectas condiciones y en plenitud de condiciones psicofísicas que, obviamente, se van perdiendo con la edad”. Según el análisis del sindicato, la media de permanencia en el servicio de las fuerzas de seguridad en municipios pequeños es de cuarenta años, mientras que en los grandes es treinta, por lo que la edad media de las plantillas policiales se sitúa por encima de los 50 años.

En este sentido, CCOO estima que la edad idónea para jubilarse debería acercarse a la establecida para otros cuerpos de seguridad, que va desde los 59 a los 63 años, según el tiempo de cotización en la profesión. Además, Mena ha explicado que la reducción de la edad de jubilación sería una medida solidaria con el resto de trabajadores y trabajadoras y contribuiría a la financiación de las haciendas autonómicas y locales, porque estaría basada en coeficientes reductores y cotizaciones a la Seguridad Social recargadas.