Javier Collado

Dobuss

María Morales. El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de una veintena de investigadores de organismos públicos contra la inactividad reglamentaria del Gobierno por incumplir su obligación de desarrollo normativo expresamente establecida por la disposición final décima y concordantes de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y condena al Ejecutivo al cumplimiento inmediato de la obligación de desarrollo reglamentario incumplida en un plazo máximo de seis meses.

La ley prevé que el nuevo régimen de carrera profesional y retributivo entraría en vigor el 1 de enero de 2014, la Administración no ha hecho lo necesario para ello. Esta regulación afecta a 877 funcionarios provenientes de la Escala de Investigadores Titulares de los Organismos de Investigación que, con el sistema anterior a la Ley, no tenían complementos por méritos investigadores (quinquenios) y de excelencia científica del complemento específico (sexenios) que sí estaban previstos en cambio para las antiguas Escalas Científicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

La sentencia cuenta con el voto particular de dos de los siete magistrados que la han dictado, que piensan que no ha habido inactividad reglamentaria porque el Gobierno no tiene plazo perentorio alguno para desarrollar el régimen retributivo previsto en la ley.