Javier Collado

Supermercados Piedra

Dobuss

 

Alvaro Sánchez. El Consejo de Gobierno ha aprobado la primera de las ofertas extraordinarias de empleo público previstas en el proceso de estabilización de 37.115 plazas ocupadas por personal temporal, tanto de la Administración de la Junta como de sus entidades instrumentales, durante los próximos tres años. En esta primera fase se incluyen 25.520 plazas, de las que 18.618 corresponden al sector sanitario

Con ello se da cumplimiento al acuerdo suscrito entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública y las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CSIF, representadas en la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Las 18.618 plazas del ámbito sanitario se distribuyen entre más de un centenar de categorías profesionales. Destacan las 4.851 de facultativos, las 4.023 de enfermería, las 2.833 de auxiliares de enfermería y las casi 2.000 para celadores.

Por otra parte, el acuerdo con los sindicatos incluye, para próximas ofertas extraordinarias, 3.991 pertenecientes a las entidades instrumentales que prestan servicios en sectores prioritarios. De estas últimas, 869 corresponden a las agencias públicas empresariales sanitarias. En este bloque, las distintas plazas serán convocadas por cada consejo rector de estas entidades.

Una vez aprobado el decreto de la oferta extraordinaria, y dentro de los plazos que marca la legislación del Estatuto Básico del Empleado Público, se aprobarán las diferentes convocatorias, previa negociación en el ámbito sectorial correspondiente. En ellas se garantizará el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Asimismo, podrán introducir medios electrónicos en la gestión de los procedimientos.

Las distintas convocatorias recogerán el cupo de discapacidad del 10% del total de las plazas, con porcentajes específicos del 2% para discapacidad intelectual y del 1% para enfermedad mental. En todos los casos, se debe acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33%, siempre que se superen los procesos selectivos y se asegure la compatibilidad con el desempeño de las tareas.