Javier Collado

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María Morales. Agentes de la Policía Nacional en colaboración con la Inspección de Trabajo, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación de Gobierno en Córdoba han desmantelado un entramado ficticio de empresas que presuntamente habría defraudado más de 300.000 euros a las arcas públicas en Córdoba.

En esta operación, bautizada por los agentes como “Cierre”, se ha detenido a 65 personas y se ha investigado a otras 39, estando todos ellos relacionados con una empresa que presuntamente se dedicaba a prestar diferentes servicios de administración. La presente intervención se encuadra dentro del Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en materia de lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social. Han colaborado en la operación personal adscrito a la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección Provincial de Trabajo, Servicio Público de Empleo Estatal, así como la Subdelegación del Gobierno de Córdoba (Oficina de Extranjería).

La investigación comenzó a mediados del mes de abril del presente año cuando, agentes del Grupo de Investigación de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Córdoba detectaron la posible existencia de una empresa, que bajo la apariencia de una actividad real, enmascararía altas ficticias para que los trabajadores tuviesen derecho a adquirir prestaciones públicas, para así obtener el certificado NIE de ciudadano de la Unión Europea.

 

Ante la posible existencia de indicios delictivos, los agentes prosiguieron la investigación, en la que tras realizar numerosas pesquisas, pudieron determinar en una primera fase como los domicilios fiscales de la empresa no mostraban signo alguno de actividad empresarial referida. Además, según informes desprendidos de la investigación, la empresa pretendería realizar una actividad empresarial a “coste real cero”, acreditando los investigadores como dicha empresa no tendría actividad mercantil de referencia, estando además sin justificar entre otros aspectos el pago de salarios a los trabajadores.

Por todos los datos aportados por los investigadores, los encargados de la investigación dedujeron que los investigados habrían simulado mantener una relación laboral, estando en realidad éstos dados de alta a los solos efectos de obtener prestaciones cuya gestión corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal o a los efectos de acumular carencia para futuras prestaciones

Hasta el momento –ya que todavía continua abierta, si bien el grueso de la misma ya ha sido llevado a cabo-, fruto de la investigación los encargados de la misma, ante la existencia de indicios de la comisión de un delito contra la Seguridad Social y de Falsedad Documental, han procedido a la localización y detención de 65 personas así como investigar a otras 39.

Durante la operación los agentes se han incautado de numerosa documentación entre la que se encuentran: altas y bajas presuntamente fraudulentas de las empresas investigadas, nóminas de supuestos trabajadores, datos fiscales de empresas, administradores y trabajadores.