Javier Collado

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Redacción. La Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, una norma que afectará a más de 720.000 personas en la comunidad autónoma y que cuenta con una memoria económica de 1.300 millones anuales, entra en vigor este martes tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 4 de octubre.

Una de las novedades de la ley es que reorienta las actuaciones públicas desde un ámbito biosanitario y rehabilitador, centrado en la enfermedad, hacia un modelo social basado en las capacidades y en la interacción con el entorno, así como la participación real y efectiva en todos los asuntos que le son propios.

Para lograr la plena inclusión social, así como la transversalidad y coordinación de las políticas públicas dirigidas al colectivo, la nueva ley prevé distintos instrumentos y medidas como la elaboración de planes de acción integral para las personas con discapacidad en general y para las mujeres, así como otro de empleo para el colectivo.

También prevé el derecho a la atención infantil temprana mediante acciones coordinadas con los servicios sociales, sanitarios y educativos, así como el derecho a una educación inclusiva, permanente y de calidad. Las universidades andaluzas, por su parte, deberán aprobar un plan especial de accesibilidad y disponer de una unidad o servicio de atención o apoyo a la discapacidad.

En el ámbito formativo y del empleo, se establece para las ofertas de empleo público y las bolsas de trabajo temporal la reserva de un cupo no inferior al 10% del número de plazas para personas con discapacidad, y como novedad se reserva el 1% de plazas para personas con enfermedad mental y en los cursos de formación para el empleo, organizados por la Junta, se reservará el 5% frente al 3% que proponía el proyecto de ley