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Centro Atención Temprana

Redacción. La Junta de Andalucía ha sumado 3 nuevos centros de atención en la provincia y cuenta con un nuevo equipo coordinador de profesionales sanitarios para agilizar los tiempos de espera

La Consejería de Salud atiende a través de los Centros de Atención Infantil Temprana de la provincia de Córdoba a cerca de 2.000 menores. Así lo ha puesto hoy de manifiesto la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Ángeles Luna, en su visita esta mañana a uno de los nuevos centros de atención que la Junta de Andalucía ha concertado recientemente.

En su visita, Luna ha recordado que el decreto que garantiza la atención temprana en Andalucía y el convenio marco que se firmó en 2015 han permitido atender en 2016 a 1921 menores de 0 a 6 años en la provincia de Córdoba, lo que supone 127 más que en el año 2015.

El decreto, aprobado el 30 de abril de 2016, ha dotado de más recursos y profesionales a los niños y familias que reciben esta prestación y ha mejorado también los plazos, ya que el compromiso es que la valoración del menor se complete en 30 días. Esta norma duplicará la inversión del Gobierno autonómico en atención temprana, con 33 millones hasta 2019. En esta línea, Luna ha destacado que “uno de los frutos de esa inversión es precisamente el centro psicopedagógico multidisciplinar de Córdoba que hoy visitamos, donde trabajan profesionales sobradamente cualificados para atender a menores de nuestra provincia que necesitan una asistencia integral”.

El centro psicopedagógico multidisciplinar, que fue concertado en diciembre del pasado año, atiende en estos momentos a 23 menores de 0 a 6 años y seguirá incorporando a menores progresivamente ya que “tiene capacidad para atender hasta 84 menores al mes, según las asistencias contratadas”, según ha señalado la delegada. Los menores que están siendo atendidos en estos momentos presentan diagnósticos muy diversos como retrasos evolutivos, trastornos de comunicación y lenguaje, riegos biológico, trastornos del espectro autista, trastorno del tono no especificado, retraso psicomotor simple y retraso mental.

Para atender sus necesidades específicas, el centro psicopedagógico cuenta con un equipo de profesionales (psicólogos, logopeda y fisioterapeuta) que trabajan diariamente “por mejorar su calidad de vida, por ofrecerles una educación inclusiva y un correcto desarrollo personal”. Luna ha explicado que en la etapa de 0 a 6 años, los niños tienen su mayor desarrollo personal y por ello, “lo que perseguimos es ofrecer los recursos adecuados que posibiliten su correcta evolución”. En esta línea seguiremos avanzado desde la Junta de Andalucía, “defendiendo los derechos de los menores y ofreciendo los recursos necesarios para que puedan tener una vida plena”.

Qué implica el nuevo decreto

La entrada en vigor el pasado 30 de abril del decreto que garantiza la atención temprana en Andalucía está permitiendo atender a más menores, reducir tiempos de espera y aumentar el número de centros y sesiones. Así, actualmente hay 21 centros prestando asistencia, de los cuales 3 son de nueva incorporación.

Este aumento de recursos está permitiendo reducir el tiempo de respuesta para que los menores reciban los cuidados en el plazo más breve posible desde la detección de sus necesidades. Asimismo, se han establecido diferentes niveles de intensidad adaptados a cada plan de tratamiento.

En su conjunto, el nuevo modelo ha supuesto ampliar tanto el tiempo de las sesiones (de 45 a 60 minutos) como el número de ellas, sumando 21.750 sesiones más para 2017.

El Decreto por el que se amplía y refuerza la asistencia a los menores de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos, es una norma que garantiza los principios de universalidad, gratuidad y equidad en la prestación, a la vez que favorece la descentralización y la calidad con unos servicios próximos al domicilio familiar, accesibles y organizados en relación a las necesidades de los menores y sus familias. Su desarrollo supondrá triplicar los recursos económicos de la prestación de 2016 hasta alcanzar los 33 millones en 2019.

La norma es una de las más avanzadas a nivel nacional en cuanto a su contenido, incorporando, entre otras novedades, el establecimiento de un tiempo máximo de respuesta de 30 días para la misma y la creación de unidades de atención temprana.

Por último, el decreto incluye la exigencia del cumplimiento de una serie de estándares en los procesos asistenciales, apoyados en la mayor evidencia científica disponible, además de incorporar medidas para fomentar la investigación y mejorar el conocimiento de los profesionales implicados.

 Unidad provincial de Atención Temprana

Una de las novedades que introdujo el decreto es la creación de las unidades de Atención Temprana (mínimo una por provincia), formadas por profesionales de Pediatría y Psicología, se están encargando de valorar las necesidades de los menores para decidir la idoneidad de la intervención y, en su caso, de la derivación a los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) que funcionan en Andalucía. En Córdoba esta unidad comenzará a valorar a los niños y niñas de nuestra provincia a partir de la semana que viene.

Entre sus actuaciones también estarán implicados en la prevención, la formación y la mejora continua de las acciones desarrolladas colaborando con los dispositivos asistenciales, educativos y sociales.

Además, para hacer más accesible el servicio, los profesionales de la unidad provincial se pueden desplazar para realizar la valoración del menor. En este sentido, disponen de una sede y varias subsedes (centros de salud/consultorios).

Se trata de una iniciativa novedosa que garantiza la coordinación entre profesionales de los CAIT y los centros de salud, así como la continuidad asistencial entre los equipos de Pediatría de Atención Primaria y de la red hospitalaria.

Modelo de financiación

Con el nuevo modelo de Atención Temprana, bien en su modalidad de acuerdo marco o convenio de colaboración, permite realizar los pagos mensualmente, y según se van validando las facturas presentadas, con el correspondiente beneficio de liquidez que conlleva para dichas entidades. Por tanto, se ha ganado en transparencia y ha clarificado la relación contractual, según han reconocido las propias entidades del sector.