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Javier Collado

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Fraude.

Redacción. Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, han concluido la segunda fase de una operación iniciada en el año 2014 y por la que en la primavera de ese año se destapó en Córdoba y Granada un entramado empresarial creado con el único objetivo de defraudar a la Seguridad Social. En total durante la operación han sido detenidas 37 personas e investigado a otras 31, siendo éstos supuestos trabajadores de las empresas ficticias investigadas. Además se ha incautado diversa documentación de las empresas investigadas como: nóminas, contratos de trabajo, autorizaciones y diversa documentación tributaria y fiscal.

En el marco de esta nueva fase los agentes han procedido a la detención de 20 personas tras detectar su participación en el entramado de otras 21 nuevas empresas, que tenían de una u otra forma relación con el principal investigado y detenido en el año 2015. Estas sociedades fueron creadas igualmente para realizar falsos contratos de trabajo con el fin de que ciudadanos extranjeros regularizaran su situación administrativa en España, e incluso que estos lograran acumular días cotizables al objeto de cobro fraudulento de prestaciones públicas, llegando a defraudar más de 120.000 euros.

La presente operación se inició a mediados del año 2014 en virtud del convenio de colaboración existente entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, tras detectarse en Córdoba un matrimonio de conveniencia formado por un hombre nigeriano y una ciudadana española, los cuales utilizaron un alta ficticia en una empresa dedicada al sector de la hostelería para recibir ayudas sociales.

Avanzadas las pesquisas los agentes pudieron determinar como el cabecilla de la organización aprovechaba su condición de gestor y autorizado en el sistema RED de varias empresas para dar de alta a personas, españolas y extranjeras, a través de falsos contratos de trabajo con la finalidad de que los ciudadanos extranjeros pudieran regularizar su situación en nuestro país y los españoles pudieran beneficiarse de prestaciones públicas y subsidios fraudulentos.

Una vez que los agentes obtuvieron indicios sólidos y razonables de que el cabecilla de la organización coordinaba esta red de mercantiles enfocada a la venta “a la carta” de contratos de trabajo a tercera personas, conocedoras de la falsedad de los contratos, llevaron a cabo la primera fase de la operación deteniendo a 17 personas, 16 en la provincia de Granada y una en Córdoba. Igualmente procedieron a realizar un registro en el que se intervino diversa documentación de las empresas investigadas, nóminas, contratos de trabajo, autorizaciones, documentación tributaria, fiscal y financiera, sellos de las empresas investigadas y dispositivos de almacenamiento con información relevante de las empresas investigadas.

Esta nueva fase de la investigación ha sido posible a raíz del estudio minucioso de la documentación intervenida en los primeros, logrando detectarse la creación de otras 21 empresas ficticias, constituidas con la misma finalidad de confeccionar contratos de trabajo fraudulentos a terceras personas conocedoras de tal fraude.

Una vez recopiladas nuevas pruebas se estableció la segunda fase de la operación gracias a la cual se ha detenido otras 20 en Granada, Málaga e Ibiza. Además 11 personas han sido investigadas, entre las que se encontraban principalmente supuestos trabajadores de las empresas ficticias, los cuales, habían solicitado prestaciones públicas indebidas (desempleo, subsidios, incapacidad temporal o jubilación anticipada) y entre los que había varias personas extranjeras que habían tratado de regularizar su situación en nuestro país con los contratos fraudulentos.

El fraude detectado supera ampliamente los 120.000 euros, teniendo en cuenta las prestaciones y subsidios públicos cobrados fraudulentamente por supuestos trabajadores, cuotas de seguros impagados y deudas a la Seguridad Social.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo II -Ucrif- Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Córdoba conjuntamente con el Grupo I –Ucrif- Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada, y en colaboración de las Oficinas de Extranjeros de Córdoba y Granada y las Tesorerías General de la Seguridad Social y la Inspección Provincial de Trabajo de Córdoba y Granada.