Ayuntamiento El Carpio.

Javier Collado

Dobuss

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Redacción. La alcaldesa de Montoro, Ana María Romero, y el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Carmona, se han reunido este mediodía con alcaldes y personal técnico de los ayuntamientos del Alto Guadalquivir para abordar el desarrollo de la Ley de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo.

Durante este encuentro se ha analizado cuál es el papel de cada administración en el desarrollo de estos planes y programas, resolviendo dudas y estableciendo una coordinación entre administraciones para que estas medidas cumplan sus objetivos en los plazos previstos.

Manuel Carmona ha explicado que la Junta continúa impulsando acciones dirigidas a paliar la difícil situación económica y social que aún atraviesan muchas familias cordobesas y ha señalado que “hemos querido hacer un esfuerzo para que estos programas de empleo tengan una continuidad en el tiempo mientras que se les han incorporado mejoras para adaptarlos de la mejor manera a las demandas y necesidades reales de los ciudadanos y ciudadanas y favorecer la labor que desarrollan en este caso los ayuntamientos”.

Así mismo, el responsable territorial ha resaltado la “colaboración de los ayuntamientos, agradeciendo su disposición y lealtad con la Junta de Andalucía para poder llevar a cabo estos planes y programas que suponen una esperanza para muchas familias”.

Entre los Programas [email protected] y [email protected]+ le corresponde a esta comarca una cuantía de más de 1,6 millones. En concreto, para [email protected] 1.021.432 y 667.557 para [email protected]+, dentro de la nueva convocatoria de la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria, común para ambos colectivos.

Entre las modificaciones incluidas para estos programas destacar la referida al pago de las ayudas a los ayuntamientos que se acojan a la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria, que a partir de ahora recibirán un anticipo del 100% de las ayudas frente al 50% que fijaba el Decreto anterior. A partir de la entrada en vigor, los ayuntamientos tienen dos meses de plazo para presentar sus solicitudes

En ellos se incluyen ayudas de entre 1.300 y 1.700 euros mensuales brutos por contrato que realicen los ayuntamientos para proyectos de obras y servicios de ámbito social o de interés municipal, distintos de los que realiza regularmente el personal de la Administración local. El reparto de los fondos se ha realizado entre los municipios en función del número de desempleados y de su población.

Para los jóvenes de entre 18 y 29 años será requisito indispensable estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y, en todos los casos, estar desempleado. Se dará prioridad en las contrataciones a aquellos que residan en el municipio o la provincia en la que se va a desarrollar el proyecto y a los que son beneficiarios del Ingreso Mínimo de Solidaridad o parados de larga duración con la prestación agotada.

Como ha explicado el delegado, “uno de los cambios con respecto al anterior programa desarrollado es que se considera desempleado de larga duración a los demandantes de empleo no ocupados inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) durante 360 días en los 18 meses anteriores a la medida y en el caso de los trabajadores agrarios, el registro deberá ser de 180 días en los 9 meses anteriores”. Esta circunstancia responde a una demanda de los desempleados que por haber trabajado un mes podían quedarse fuera de este programa.

Otra de las novedades es que los contratos a desarrollar tendrán una duración de seis meses en el caso del [email protected] y un mínimo de 3 y un máximo de 6 meses en el [email protected]+.

En la edición anterior los ayuntamientos decidían la duración de los contratos. En esta ocasión, para ofrecer experiencia a los jóvenes que en muchos casos disfrutarán de su primer empleo, la duración mínima de los contratos deberá ser de seis meses para cumplir el objetivo de dotarlos de suficiente experiencia. Los contratos deberán ser a jornada completa.

Los ayuntamientos deberán presentar la oferta de empleo ante el SAE, que le proporcionará tres candidatos por puesto de trabajo. La Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria tiene por objeto promover la creación de empleo fomentando la inserción laboral de personas desempleadas que les permita mejorar su empleabilidad mediante la adquisición de competencias profesionales. Esto quiere decir que para la definición del contenido del puesto de trabajo y la formalización de los correspondientes contratos de trabajo, el ayuntamiento tomará como referencia las realizaciones profesionales y criterios de realización asociados a alguna unidad de competencia incluida en cualificaciones profesionales vigentes.

El objetivo según Carmona es que “la experiencia profesional adquirida en el desempeño del puesto de trabajo permita acreditar a posteriori las competencias adquiridas” El desempleado obtendrá un certificado emitido por el ayuntamiento con las competencias adquiridas que le servirán para en un futuro obtener un certificado de profesionalizad en dicha ocupación si completa la experiencia en el resto de unidades de competencia.

La puesta en marcha de los programas anteriores generó en esta comarca más de 1.000 contratos y la inversión de la Junta fue de 1,6 millones.