Javier Collado

Dobuss

Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Redacción. Agentes de la Policía Nacional, en unión a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Córdoba, han detenido a 27 personas, como continuación de una investigación iniciada en el año 2014, y por la que, el pasado septiembre, se destapó en Córdoba y provincia un entramado empresarial creado para defraudar a la Seguridad Social. En total han sido detenidas 102 personas e imputadas otras 57.

En el marco de esta nueva fase, los agentes detectaron la creación de otras dos 2 empresas por parte del principal investigado, ideadas para realizar falsos contratos de trabajo con el fin de que ciudadano extranjeros regularizaran su situación administrativa en España, e incluso que estos lograran acumular días cotizables al objeto de cobro fraudulento de prestaciones públicas, llegándose a defraudar más de 1.300.000 euros.

La presente operación, bautizada con el nombre de “Operación Palacios”, se inició a mediados del año 2014, en virtud del convenio de colaboración existente entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, tras detectarse una anomalía en la documentación presentada por una ciudadana extranjera, de nacional rumana, la cual acreditaba haber trabajado para varias empresas, en un corto periodo de tiempo, logrando así haber acumulado los días de cotización necesarios para ser beneficiaria de las pertinentes prestaciones públicas por desempleo.

Conforme avanzaba la investigación, los agentes pudieron comprobar cómo las referidas empresas se habían creado de forma ficticias, con la única finalidad de contratar virtualmente a trabajadores, que a su vez utilizaban los contratos para posteriormente adquirir prestaciones públicas y subsidios por desempleo o, incluso, para que ciudadanos extranjeros pudieran regularizar su situación administrativa en nuestro país, todo ello de manera fraudulenta.

Gracias a la investigación conjunta, los agentes pudieron obtener indicios sólidos y razonables de que el cabecilla de la organización, coordinaba esta red de mercantiles enfocada a la venta “a la carta” de contratos de trabajo a tercera personas, -conocedoras de la falsedad de los contratos-, por unos 800 euros aproximadamente, exigiéndoles incluso a sus supuestos trabajadores un tanto por ciento de las prestaciones fraudulentas que conseguían.

Por todo ello, durante los meses estivales del pasado año, los investigadores procedieron a la identificación plena de los implicados en la trama delictiva, desmantelando seis empresas ficticias, deteniendo a 75 personas –supuestos trabajadores- e imputado a otros 32 individuos, residentes la mayoría de ellos en Córdoba y el sur de la provincia, si bien algunos de los detenidos residían en otras ciudades españolas (Palma de Mallorca, Málaga, Gerona, Madrid), y estimando en un primer momento lo defraudado en unos 700.000 euros.

Esta nueva fase de la investigación ha sido posible a raíz del estudio minucioso de la documentación intervenida en los diversos registros en su día efectuados, logrando detectarse la creación de otras dos empresas ficticias, constituidas con la misma finalidad de confeccionar contratos de trabajo fraudulentos a terceras personas, conocedoras de tal fraude.

Una vez recopiladas nuevas pruebas, se estableció una segunda fase de la operación gracias a la cual se ha detenido en Córdoba y provincia a otras 24 personas, y otros tres arrestos en San Sebastian, Almería y Granada. Además 25 personas han sido imputadas, entre las que se encontraban principalmente “trabajadores” de las empresas ficticias, los cuales, habían solicitado prestaciones públicas indebidas (desempleo, subsidios, incapacidad temporal, jubilación anticipada…) y entre los que había varias personas extranjeras que habían tratado de regularizar su situación en nuestro país con los contratos fraudulentos.

El fraude detectado supera ampliamente 1.300.000 euros, teniendo en cuenta las prestaciones y subsidios públicos cobrados fraudulentamente por supuestos trabajadores, cuotas de seguros impagados, deudas a la Seguridad Social.