Javier Collado

Supermercados Piedra

Dobuss

Imagen del lugar intervenido.
Imagen del lugar intervenido.

Redacción. La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha resaltado en el Parlamento la apuesta del Gobierno andaluz por el arreglo de las infraestructuras viarias a través de medidas como el Plan Conecta2, que, según ha explicado, establece una serie de “criterios objetivos y requisitos” para priorizar caminos rurales públicos, que conecten áreas de dos municipios o dos entidades de población. De esta manera se pretende “aliviar en lo posible las dificultades de acceso por la dispersión de los núcleos”, ha manifestado.

Carmen Ortiz ha resaltado que este nuevo plan es un paso más que continúa la senda de apoyo de la Junta para mejorar las conexiones y dar mejor acceso a loas explotaciones, como ya se hizo a través del Plan Encamina2, con 971 proyectos en 2.145 caminos rurales propiedad de los ayuntamientos.

En el caso de Conect2, se han establecido una serie de preferencias en función del número de explotaciones agrarias de los municipios interconectados, la longitud total de la infraestructura, el número de núcleos interconectados y la renta agraria de la provincia de estos municipios.

La consejera ha anunciado además que el compromiso de la Consejería es seguir respaldando este tipo de actuaciones, de las que podrán beneficiarse aquellos caminos que no hayan hecho hasta el momento, siempre y cuando reúnan los requisitos que se establezcan.

En su comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, la consejera ha alabado el sistema de defensa de la seguridad alimentaria y la trazabilidad en los productos agroalimentarios implantado en Andalucía porque, ha dicho, “garantiza un elevado nivel de confianza tanto para las transacciones comerciales, en los mercados nacionales e internacionales, como para la ciudadanía”.

Carmen Ortiz ha detallado las principales actuaciones dispuestas por la Consejería para asegurar la calidad que exigen los mercados. En primera instancia, ha informado, “se establece una coordinación conjunta con la administración autonómica competente en sanidad y consumo, en este caso la Consejería de Salud, así como con administraciones locales y la administración general del Estado”.

En segundo lugar, se instaura el control oficial de los productos agroalimentarios mediante planes de inspección e instrucciones de vigilancia; así como la verificación de que se cumple la normativa comunitaria en materia de sanidad animal, vegetal y de calidad comercial, y los requisitos de condicionalidad vinculados al cobro de ayudas. Y por último, y con el objetivo de garantizar la eficacia de los controles oficiales, todos los programas se someten a auditorías, externas o internas.

En total, según ha explicado Ortiz, se actúa sobre “más de 140.000 explotaciones ganaderas y 30 millones de cabeza de ganado, 300.000 explotaciones agrícolas y 4 millones de hectáreas de cultivo, y más de 5.000 industrias agroalimentarias ubicadas en Andalucía”.