Empleado.

Javier Collado

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Empleado público.
Empleado público.

Redacción. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Córdoba ha informado de que el Gobierno central ha aprobado “in extremis” una resolución que autoriza a los empleados públicos pertenecientes a la Administración General del Estado (AGE) que se encuentren en baja médica y aquellos que estén disfrutando de un permiso de maternidad o paternidad a aplazar sus vacaciones y disfrutarlas una vez concluya esta situación, según consta en una disposición publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Sector de AGE de CSIF en Córdoba detalla que este cambio afectará a unos 3.000 trabajadores que desarrollan su labor para el Estado o para alguno de sus organismos oficiales en la provincia, como es el caso de la Subdelegación del Gobierno, la Seguridad Social, la Jefatura Provincial de Tráfico, el SEPE o la prisión de Alcolea, entre otros.

CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, recuerda que esta decisión se produce después de que la Comisión Europea (CE) diera un ultimátum a España para que respetara el derecho de los trabajadores públicos a disfrutar de sus vacaciones que estén de baja médica o tengan permisos de maternidad o paternidad o, en su caso, a abonarlas. El plazo máximo para que el empleado disfrute de sus vacaciones es de un año y medio.

El Sector de AGE de CSIF en Córdoba asegura que “el Gobierno se ha visto obligado a publicar esta resolución coincidiendo con el periodo estival y antes de que concluyese el mes de julio, ya que, en caso de haber esperado más tiempo, la CE podría haber acudido al Tribunal de Justicia de la UE”.

La central sindical apunta que la resolución aprobada también incluye el día adicional de permiso que fue reconocido el año pasado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En este sentido, CSIF afirma que exigirá al Gobierno la próxima semana que devuelva los “moscosos” (días de permiso de libre disposición) y los días libres adicionales por antigüedad que fueron arrebatados a los empleados públicos en 2012 como consecuencia de los recortes.