rellenar inscripción formulario
Formulario.

Javier Collado

Dobuss

rellenar inscripción formulario
Hay 8.505 expedientes administrativos abiertos

Redacción. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte está tramitando ya el 91,53% del total de los 8.505 expedientes administrativos abiertos –es decir, aún en plazo de justificación- de subvenciones correspondientes a cursos de formación profesional para el empleo. Así lo ha anunciado el consejero Luciano Alonso.

En concreto, 7.785 es la cifra de expedientes que ya se analizan dentro de este procedimiento, a través de un sistema que es pionero en España y que supone examinar los expedientes uno a uno, así como todos y cada uno de los documentos que los componen, en lugar de hacerlo por muestreo, que es lo que se utiliza en el resto de comunidades autónomas y también en la Administración central.

De los 7.785 expedientes en tramitación en este momento, 5.568 corresponden a expedientes en requerimiento de información y reintegros en sus diferentes fases, según los datos ofrecidos por el consejero, que ha puesto en valor la transparencia del Gobierno andaluz sobre este asunto.

De hecho, el consejero ha cifrado en más de 400 las iniciativas parlamentarias escritas respondidas por él, y en más de 35 las veces que ha intervenido sobre la formación en el Parlamento -tanto en Pleno como en Comisión-. Otra medida de transparencia ha sido, según ha apuntado Alonso, la publicación en el sitio web de la Oficina del Portavoz de las exceptuaciones de las que se han tenido constancia.

Respecto a las exceptuaciones, ha aclarado que dicha figura recogida legalmente, no supone que se exima del deber de justificar las ayudas otorgadas, sino que permite a las empresas objeto de esta medida concurrir a convocatorias públicas sin haber justificado las anteriores. Entidades de todo tipo fueron objeto de las exceptuaciones realizadas en el pasado (corporaciones locales de todos los signos políticos, ONG, pymes, sociedades anónimas o coperativas, entre otras), según ha manifestado el consejero.

Decisión política de no exceptuar. No obstante, ha reiterado que el actual Gobierno andaluz tomó la decisión política de no exceptuar como mecanismo habitual y ha considerado que el nuevo modelo de FPE diseñado en Andalucía garantiza el control de los fondos públicos que se destinan a esta materia.

Además de no utilizar la exceptuación como instrumento habitual, el nuevo modelo de formación profesional para el empleo asume las recomendaciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención General e incorpora la concurrencia competitiva al 100% para la adjudicación de ayudas, así como la exigencia de unos criterios más objetivos en las convocatorias y la necesidad de cualificaciones profesionales, entre otros criterios.

Igualmente, Alonso se ha detenido en el concepto de reintegro para aclarar que «las resoluciones definitivas de reintegros no son sinónimo de fraude». Este mecanismo, cuya casuística es muy variada, forma parte del procedimiento ordinario y es empleado por la Administración pública para reclamar a un tercero que devuelva o bien parte de una subvención o el total al comprobarse que administrativamente no cumple con los criterios establecidos.

Asimismo, del total de expedientes traspasados, el 32% han finalizado el trámite administrativo, bien por reintegros o por órdenes de abono en cualquiera de sus fases; y sólo el 8,5% de los expedientes en tramitación tiene hoy resoluciones de reintegros firmes, ha precisado Alonso, quien también a ofrecido las cifras de abonos realizados. En concreto, en el ejercicio 2013 se abonaron 10,6 millones de euros a 17 entidades y en 2014 se abonaron 33,2 millones de euros a 664 entidades.

Integración de los consorcios en la APAEF. Los expedientes en plazo de justificación de ayudas para cursos de formación se están estudiando –ha explicado el consejero- siguiendo el orden cronológico (desde los más antiguos, que son de 2007, a los más recientes) para evitar así que prescriban, con la excepción de los consorcios escuela, cuyo análisis se priorizó desde el principio debido a que su labor formativa iba a ser asumida dentro de un nuevo sistema de gestión directa que precisamente ahora se está desarrollando.

En este sentido, Luciano Alonso ha detallado que actualmente los consorcios escuela están inmersos en un proceso de fiscalización y liquidación individualizado previo a la absorción por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación (APAEF) de la formación que estas entidades ofrecían y de sus trabajadores.

Precisamente, según ha avanzado el titular de Educación, Cultura y Deporte, los consejos rectores de los consorcios escuela de Joyería de Córdoba y de Artesanos de Gelves (Sevilla) han autorizado ya su incorporación a la APAEF, y están muy avanzadas las gestiones para que el resto de consorcios escuela culmine este trámite dentro del nuevo modelo formativo diseñado por la Junta.

Alonso ha valorado el ritmo de los trabajos para tramitar los expedientes abiertos de subvenciones para cursos y ha asegurado que su departamento «no ha dejado de trabajar un solo día» en la gestión de la formación profesional para el empleo, que incluye además –ha destacado– la planificación y el diseño futuro de este ámbito, basado en la transparencia, el rigor en la gestión y el refuerzo de los controles de los recursos públicos destinados a estas políticas prioritarias para el Gobierno andaluz.

Permanente colaboración con la justicia. El titular de Educación ha insistido en que el análisis de los expedientes de formación que está llevando a cabo la Administración autonómica constituye un trabajo de tramitación administrativa ordinaria. En paralelo, ha reafirmado la permanente colaboración de la Junta de Andalucía con la Justicia y ha garantizado que siempre que desde instancias judiciales se ha solicitado cualquier información, se ha respondido de manera ágil y diligente aportando la documentación requerida.

La Junta «es la primera interesada, como parte afectada, en que se pueda esclarecer todos los casos en los que se hayan utilizado fondos públicos de manera delictiva», ha aseverado Luciano Alonso, que ha cifrado ya en 13 las causas en las que la Administración autonómica se ha personado.

No obstante, ha subrayado que es importante ser rigurosos y «no criminalizar» al conjunto del sector de la formación profesional en Andalucía, ni a las administraciones públicas, entidades, fundaciones, asociaciones, ONG o universidades que realizan y gestionan acciones formativas en la comunidad andaluza. En este sentido, ha rechazado convertir la formación profesional para el empleo en una «causa general» y ha pedido rigor y responsabilidad a los grupos políticos al respecto.

El consejero ha resumido el nuevo modelo de FPE de Andalucía y ha indicado que incorpora transparencia, rigor en la gestión y refuerzo del control de los recursos públicos que se destinan a las ayudas en este ámbito.