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Día internacional contra la violencia de género

Alejandro Díaz. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género cumplió en el día de ayer, martes 25 de noviembre, 10 años. Una ley que nació con el consenso de todo el arco parlamentario y con el principal objetivo de proteger a las víctimas de malos tratos, perseguir a los maltratadores, prevenir y erradicar este tipo de violencia y convertirla en un problema social. El artículo I de la ley fue toda una declaración de intenciones: “La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”.

En este décimo aniversario toca hacer balance de una ley que, según el Gobierno, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (CGPJ), las propias víctimas y los profesionales que las atienden marcó un antes y un después.

Una década en la que 613 mujeres han muerto a mano de sus parejas o exparejas (44 en lo que va de año) y en la que se han interpuesto más de un millón de denuncias (987.545 denuncias desde 2007, primer año en el que se refleja este dato en los boletines estadísticos judiciales), según datos del CGPJ y del Gobierno.

Desde 2005 hasta el primer semestre de este mismo año, se han dictado 227.101 órdenes de protección y 264.080 sentencias condenatorias.

En 2005 se crearon diferentes instituciones para asegurar la seguridad de la mujer

Esta ley ha sido un ejemplo de compromiso. Por primera vez se consideró un problema de Estado y absolutamente todas las fuerzas políticas apostaron por su solución. Desde entonces, este tipo de violencia se convierte en un problema social que se aborda de una forma multidisciplinar desde el punto de vista sanitario, educativo, judicial y policial.

Coinciden con este diagnóstico las asociaciones Pro Derechos de la Mujer Maltratada, Mujeres Unidas por el Maltrato, Red de Mujeres Supervivientes y Amnistía Internacional, que consideran la ley un “paso de gigante” y un “gran avance” en la protección a la mujer maltratada.

Al amparo de esta ley se crearon en 2005 los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, una Delegación de Gobierno específica, un Observatorio Nacional y las unidades especializadas policiales. También se creó la figura del fiscal contra la violencia de género.

Además, se endurecieron las penas a los maltratadores, se estableció un programa de reinserción laboral y se incidió en la necesidad de educar a los niños en la igualdad para evitar estas conductas. A su vez, hay que añadir que la ley también posibilitó que las víctimas recibieran siempre apoyo legal y psicológico y que se establecieran protocolos de actuación sanitarios, jurídicos y policiales, antes inexistentes.

Hay que denunciar todos los casos

El magistrado del Juzgado de la Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, Francisco Javier Pérez-Olleros, destaca ante las televisiones públicas que la ley marcó la diferencia porque “estructuró la protección” y no solo supuso la creación de estos juzgados específicos, sino que conllevó la especialización de los Juzgados Penales y las Audiencias Provinciales que a partir de ese momento “fueron conocedores de las medidas de asistencia social, laboral y de apoyo económico en favor de las víctimas de violencia de género”.

El juez pone de manifiesto la importancia de las modificaciones que se hicieron en el Código Penal, tipificando como delito las amenazas o coacciones leves sobre la pareja o expareja y agravando las penas en los delitos de lesiones y maltrato.

La ley es un punto de inflexión en la lucha contra esta lacra social. Pero también, diez años después no se han conseguido todos los objetivos iniciales y debe mejorarse, sobre todo, la protección a la víctimas y la prevención. Las asociaciones de víctimas insisten en las “deficiencias” en la protección a las mujeres que denuncian, en la “incorrecta aplicación” de las órdenes de alejamiento, en la falta de medios por parte de las administraciones y en la necesidad de “invertir en prevención”.

Por ello, fuentes del Observatorio contra la Violencia de Género, aseguran que es necesario modificar la ley para ampliar las medidas penales y civiles, establecer nuevos tipos penales como el acoso en el marco de la violencia de género, darle encaje legal a los dispositivos electrónicos (las pulseras GPS para los maltratadores), incluir el ciberacoso en la ley y mejorar las evaluaciones de riesgo policial, la primera medida que se toma nada más denunciar un caso de maltrato.

La educación es la base fundamental para evitar problemas en un futuro. foto/ www.paraimagenes.com

Una de las posibles soluciones que destacan es poner el acento en la educación, en valores de igualdad en la infancia y juventud, sobre todo, cuando numerosos estudios muestran la permisividad en las relaciones de adolescentes de conductas de riesgo relacionadas con el control, los celos y los estereotipos machistas.