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El Ayuntamiento de Córdoba fue el lugar de reunión

Javier Collado

Dobuss

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El Ayuntamiento de Córdoba es el lugar desde el cual arrancan todas las rutas.

Redacción. La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ayudará a inquilinos de viviendas públicas municipales con escasos recursos de Córdoba, Palma del Río y Villa del Río a abonar el alquiler. Estos tres ayuntamientos se han sumado a la orden que regula la línea de Ayudas al Alquiler para Personas Inquilinas en Situación de Especial Vulnerabilidad, impulsada en julio por la Consejería de Fomento y Vivienda y que cuenta con una dotación presupuestaria de 4,3 millones de euros hasta final de año.

Los destinatarios de las ayudas son personas con escasos recursos económicos que residen en alguna vivienda del parque público autonómico, municipal o provincial y que tengan dificultades para hacer frente al pago del alquiler. En este caso, se trata de inquilinos de viviendas municipales. Los adjudicatarios deberán reunir una serie de requisitos como percibir ingresos no superiores a 1,5 veces el IPREM (11.182 euros anuales) y disponer de un informe de los servicios sociales competentes en el que se determine la situación de especial vulnerabilidad de la familias, la necesidad de vivienda, los ingresos percibidos y otras circunstancias especiales a tener en cuenta. La ayuda para el pago de las rentas podrá alcanzar hasta el 75% del importe total, dependiendo de las circunstancias económicas del inquilino y del coste del alquiler de la vivienda.

Los municipios que estén interesados en sumarse a esta orden del departamento de Elena Cortés podrán hacerlo hasta el próximo 1 de octubre, fecha límite para presentar las solicitudes. Esta línea de ayudas persigue garantizar mediante alquileres asequibles el derecho a la vivienda de las familias con menos ingresos, en un contexto de fuerte desempleo y precariedad laboral, por lo que establece como requisito que las administraciones con competencia en materia de vivienda se conviertan en agentes colaboradores de la Junta mediante la firma del correspondiente acuerdo y puedan así gestionar estas subvenciones.

Este programa de subvenciones contribuye a combatir el stock de viviendas protegidas de titularidad pública que aún se encuentran vacías en Andalucía, al permitir a las entidades que mantienen inmuebles cerrados darles uso mediante un alquiler social, ya que es la Junta de Andalucía la que completa la diferencia entre la renta estipulada y lo que el inquilino en situación de especial vulnerabilidad puede pagar. La medida también busca erradicar los desahucios en parques públicos de Andalucía pertenecientes a ayuntamientos o entes instrumentales por motivos de impago de alquiler, ya que las subvenciones van destinadas a ayudar a sufragar esas rentas a quienes no pueden afrontarlas.
Las administraciones públicas, los entes instrumentales dependientes de ellas y las personas jurídicas públicas con competencias en materia de vivienda, así como las entidades inscritas en el Registro de Asociaciones de Andalucía que cuenten con declaración de utilidad pública podrán funcionar como entidades colaboradoras, siempre que tengan una bolsa de viviendas en alquiler de gestión propia destinadas a familias en situación de especial vulnerabilidad. Igualmente, deberán contar con los medios informáticos necesarios para la tramitación de estas ayudas a través del Registro Telemático Único de la Junta.

Serán dichas entidades colaboradoras las que informen sobre el cumplimiento de los requisitos de las personas solicitantes y presenten en su nombre la petición de ayudas, previa puntuación de sus condiciones y las de su unidad familiar a través de los medios y formularios facilitados por la Consejería que dirige Elena Cortés. Una vez obtenida la resolución de ayuda, las entidades colaboradoras descontarán el importe de la renta mensual y, en su caso, el resto de la cantidad correspondiente para que el importe que efectivamente abona la persona destinataria de la ayuda no supere el 25% de sus ingresos.