Isabel Baena durante la reunión con residentes del Barrio Guadalquivir
Isabel Baena durante la reunión con residentes del Barrio Guadalquivir.

Javier Collado

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Isabel Baena durante la reunión con residentes del Barrio Guadalquivir
Isabel Baena durante la reunión con residentes del Barrio Guadalquivir.

Redacción. La Junta de Andalucía destina 1,3 millones de euros en la ciudad de Córdoba al Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación, cuyo presupuesto total para la provincia es de 4 millones de euros.  Así lo ha manifestado la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Isabel Baena, en un encuentro que ha mantenido con residentes del barrio Guadalquivir.

Esta iniciativa se incluye dentro del Decreto para la Inclusión Social aprobado por el gobierno andaluz para reducir los niveles de desigualdad entre la población y favorecer el acceso al empleo de personas en situación de vulnerabilidad. Para ello, se está desarrollando el Plan de Inclusión a través del Empleo que además del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación incluye otras medidas como la realización de contrataciones vinculadas al Ingreso Mínimo de Solidaridad. Esta medida permitirá que beneficiarios del salario social accedan a un empleo a través de contratos de al menos 6 meses mientras que la empresa recibirá una subvención de 2.500 euros.

Los 75 municipios de la provincia de Córdoba se han sumado a este Programa con el que se esperan generar en torno a 2.500 contrataciones en la provincia, de las que unos 800 serán en Córdoba capital. Para realizar las contrataciones a cada ayuntamiento se le ha asignado una cuantía en función del número de personas en situación de desempleo y de su población, reforzando las aportaciones a los municipios más pequeños con respecto al anterior Decreto.

Baena ha recordado que corresponde a los ayuntamientos la recogida de las solicitudes, selección de las personas y realización de las contrataciones a partir de los criterios establecidos en el programa y que todos los contratos deberán estar formalizados antes del 15 de marzo de 2014.

Las contrataciones oscilarán entre los 15 días y los tres meses e irán dirigidas a personas que sean demandantes de empleo, no hayan trabajado más de 90 días en el año anterior, dispongan de recursos escasos (hasta el 1,7 del Iprem para familias con cuatro o más miembros) y los servicios sociales comunitarios acrediten su riesgo de exclusión a través del informe social.

El Decreto establece además que tendrán prioridad en el acceso a las contrataciones las unidades familiares con todos sus miembros en paro, las víctimas de violencia de género, aquellas que tengan una persona con discapacidad o en situación de dependencia en la unidad, las familias monoparentales y numerosas o las personas que residan en Zonas con Necesidad de Transformación Social.

El objetivo de este programa es, según Baena, “favorecer la integración y la inserción sociolaboral de estas personas, ofreciéndole la oportunidad de contar con un puesto de trabajo y desarrollar habilidades laborales que les permitan mejorar su empleabilidad”.